FIN DE LAS LLAMADAS COMERCIALES MOLESTAS.

Desde el pasado 29 de junio ya no se podrán recibir llamadas con fines comerciales salvo que exista una solicitud o consentimiento previo por parte del consumidor. Es decir, se acabó eso de que nos suene el teléfono a cualquier hora para vendernos algo.

Se trata de la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

¿Será así?

Según la ley las empresas no podrán hacerlo, pero las asociaciones de consumidores tenían serias dudas, una vez entrada en vigor, dichas dudas se han hecho realidad, ya que los usuarios seguimos recibiendo llamadas comerciales de empresas con las que no tenemos trato alguno.

Hasta ahora no se exigía un consentimiento previo por parte del usuario en las llamadas comerciales, tal y como se establece ahora en la nueva normativa (artículo 66.1.b de la Ley General de Telecomunicaciones) ya que antes “únicamente se reconocía el derecho a oponerse al tratamiento de datos personales y solicitar el fin de estas comunicaciones no deseadas por diferentes vías, que no siempre se respetaban”.

 

¿Cómo puede el consumidor retirar su consentimiento para recibir llamadas comerciales?

Dice la nueva ley que el consentimiento para recibir estas llamadas debe ser expreso e inequívoco por parte del consumidor: «El usuario puede restringir las llamadas comerciales inscribiéndose de forma gratuita y voluntaria en un sistema de exclusión publicitaria, como puede ser la Lista Robinson. En teoría, los sistemas de exclusión publicitaria deben ser consultados por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas».

«Asimismo, el usuario puede comunicarlo directamente a la empresa u operadora de telemarketing que efectúa la llamada. Algunas empresas ofrecen sistemas para que se pueda rechazar el uso de datos con fines publicitarios, como marcar una casilla que prevea expresamente el rechazo o la aceptación, o bien llamando o comunicándolo al departamento de atención al cliente». 

 

Sanciones.

Es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) quien asume las labores de control, vigilancia y, en su caso establece las sanciones, ante la inobservancia reiterada de las normas en comunicaciones comerciales tanto por teléfono como por medios electrónicos por parte de las empresas.

Desde 2009 la ley exige a las empresas que llamen desde un número reconocible para acabar, así, con el uso indiscriminado de numeraciones ocultas, pero como suele pasar en estos casos “hecha la ley, hecha la trampa”. Lo que ocurre ahora es que se ponen en contacto contigo desde un número móvil o fijo identificable, muchas veces con prefijo incluido, para cumplir el requisito legal, pero la realidad es que seguimos sin saber quién nos llama. La cantidad de números que se usan en las campañas de telemarketing es inabarcable.

Así, si la empresa hace un spam sin consentimiento, la AEPD podrá iniciar un expediente sancionador contra ella, “independientemente del lugar donde se ubique”, aseguran fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

«En el caso de que una empresa comercialice bienes y servicios en España y las llamadas las haga desde un call center ubicado fuera del país, la AEPD también podrá sancionar a dicha empresa», aseguran.

«La mayoría de estas llamadas las realizan operadores de telefonía (casi la mitad del spam telefónico corresponde a este sector), compañías energéticas (el 30%) o entidades financieras», indican desde la OCU. «Ahora todas ellas tendrán que recurrir a otros sistemas diferentes y menos invasivos para convencer a sus nuevos clientes», afirman.

Las excepciones.

La norma recoge excepciones con aquellas llamadas en las que su realización sea considerada imprescindible para proteger intereses vitales del ciudadano, «por ejemplo si se ha detectado que hay una partida contaminada de vacunas y hay que informar a la población», aclaran desde la Organización de Consumidores. O en casos en los que se haga con fines de interés público, «como avisar de un ataque nuclear». Pero también incluye los supuestos en los que existe un «interés legítimo» por parte de la compañía.

Este último puede ser uno de los resquicios que utilicen muchas empresas para seguir llamando. Porque ¿cuándo existe interés legítimo? No está muy claro.

De hecho, la AEPD, en un informe respecto a la aplicación de esta norma publicado a finales de abril de este año, cita un único ejemplo de interés legítimo: la publicidad «directa». Es decir, aquella dirigida a clientes ya existentes de la compañía. Según desarrolla en el texto, una empresa podría realizar llamadas comerciales a sus clientes para vender otros servicios, a pesar de no contar con su consentimiento para ello.

¿Qué hacer si tras el 29 de junio seguimos recibiendo llamadas este tipo de llamadas?

Explican desde la OCU que en el supuesto de que «el usuario continúe recibiendo estas llamadas comerciales no deseadas, puede oponerse expresamente», y recuerda que la inclusión en la Lista Robinson supone un elemento probatorio en caso de incumplimientos flagrantes por parte de los operadores.

Pero si a pesar de todo, a partir del 29 de junio sigue recibiendo llamadas de empresas no consentidas, la Organización de Consumidores y Usuarios anima a «formalizar la oportuna denuncia a través de la Agencia Española de Protección de Datos».

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